Desde hace un tiempo ha arreciado la ofensiva en torno a la sanidad pública desde un maniqueÃsmo interesado intentando el adoctrinamiento y evitando el debate. Me refiero al cansino tema de la supuesta privatización de la sanidad.
Personalmente siempre he mantenido una posición en la que he considerado que lo realmente importante cuando se expresa una opinión o se hace docencia es generar criterio, no imponer doctrina. Sin embargo, la tónica dominante al hablar de sanidad parece justo la contraria: una auténtica obsesión por el adoctrinamiento a toda costa sin margen para la discrepancia.
En estos momentos nadie duda de que disponemos en nuestro paÃs de un sistema sanitario público, universal y accesible, un valor que la sociedad española no puede permitirse el lujo de poner en riesgo. Como tampoco nadie duda de los efectos positivos en términos económicos de un sistema de salud bien gestionado, que son indiscutibles. Y nadie desde sus distintas posiciones, se diga lo que se diga, intenta cambiar este status ni ponerlo en riesgo. Ahora bien, tratar de confundir mezclando interesadamente las dificultades para la sostenibilidad del mismo y los difÃciles retos a que tendremos que enfrentarnos con poner encima de la mesa alternativas diferentes a las clásicas opciones del derecho administrativo parece haberse convertido en deporte nacional para algunos ilustrados (o no tan ilustrados, sino más bien adocenados).
Demonizar
Contemplar con cortedad de miras opciones de gestión diferentes a la gestión pública directa demonizando a quienes las defienden supone un encubierto carácter represivo de los que asà actúan. Cuando un polÃtico utiliza la expresión expropiación de algo que no es un bien privado como puede ser una concesión administrativa (en vez de utilizar los términos correctos que serÃa reversión o secuestro de la concesión), en realidad lo que hace es dejar traslucir su verdadero pensamiento. Afirmar sin rubor que introducir nuevos modelos de gestión en sanidad supone que las empresas se introduzcan en los procesos de decisión de los que son responsables las Administraciones Públicas supone un desconcertante grado de desconocimiento o una interesada manipulación.
Decir que quienes han propiciado un debate en libertad acerca de otros modelos de gestión son poco menos que unos truhanes es, cuando menos, una indecencia
En efecto, la prestación del servicio sanitario en condiciones de universalidad, equidad y eficacia asistencial (basada en indicadores de salud) es clave en el cumplimiento del mandato que da la Constitución Española a los poderes públicos, pero en modo alguno es un mandato el modelo de gestión de esa prestación siempre y cuando se garantice el derecho a dicha asistencia en las condiciones mandatadas.
Decir que quienes han propiciado un debate en libertad acerca de otros modelos de gestión son poco menos que unos truhanes, refiriéndose a que se trata de promotores de debates trampa tendentes a promover un proceso de erosión que se intenta trasladar al modelo de sanidad pública española, es cuando menos una indecencia. En definitiva, se tratarÃa de llevar a todos aquellos que no comparten la visión soviet de una sanidad de gestión directa a una posición (y cito textualmente) de “abocar a la sanidad pública a la precarización progresiva por la falta de medios, alimentando la necesidad de la ciudadanÃa de recurrir a la sanidad privada para compensar el deterioro que suponen los recortes presupuestariosâ€. Cuando menos, no me digan que no resulta algo esquizofrénico.
Confusión
Defender otras formas de gestionar la sanidad pública, incluso desde modelos de gestión pública que no necesariamente suponen la gestión directa (sin necesidad de que participen agentes privados), ha supuesto en los últimos años en este paÃs una especie de participación en una cruzada (y para algunos un auténtico calvario). La utilización del término privatización por los supuestos defensores de la sanidad pública (que luego no se recatan en arruinarla con su nefasta gestión) se ha convertido en una especie de mantra donde todo cabe. AsÃ, mezclan interesadamente modelos de gestión como son los concesionales donde la participación privada de la sociedad civil es muy alta con modelos de gestión como las empresas públicas o fundaciones públicas donde la participación privada es nula. Se generan asà estados de confusión de forma interesada para evitar la posibilidad de razonamiento crÃtico.
Un ejemplo claro de manipulación consiste en introducir consideraciones que nada tienen que ver en el debate. AsÃ, por ejemplo, mencionar que existe una correlación clara entre la capacidad económica del paÃs y la cantidad destinada a gasto sanitario es una obviedad, pero nada tiene que ver con el modelo de gestión. Renunciar a la eficiencia con la disculpa de la rentabilidad social del sistema supone una falta de ética que atenta directamente contra la justicia social. No hay nada inmoral en ser eficientes, al contrario, la eficiencia está ligada a la justicia social en tanto que permite una mejor redistribución de los recursos.
Se requiere una reflexión seria acerca de lo que es la sanidad pública, diferenciando claramente lo que son derechos de todos los ciudadanos de la prestación de servicios
Gasto público en sanidad no tiene nada que ver con modelo de gestión. Existe ya evidencia publicada que los modelos de gestión pública directa tienen una eficiencia operativa menor que otros modelos con otra gestión, incluso públicos. Pero esta evidencia es negada por mera ideologÃa o por oscuros intereses nunca manifestados.
Por supuesto que se requiere una reflexión seria acerca de lo que es y lo que significa la sanidad pública, diferenciando claramente lo que son derechos de todos los ciudadanos (que deben garantizarse por encima de cualquier otra consideración) de prestación de servicios, donde sà cabe el debate sereno y sin interferencias ideológicas.
No voy a ser yo quien caiga en el debate trampa acerca de que cuanto menor sea el gasto público mejor gestión se está haciendo, y que es este un posicionamiento neoliberal, porque es una estupidez. Sin embargo, en mi opinión (y me consta que compartida por una mayorÃa), la apuesta por un sistema de salud público, universal y gratuito no debiera aparecer marcado por la orientación polÃtica del gobierno de cada momento, ni por la riqueza o la capacidad económica, sino por la justicia social que denota el paÃs.
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